Riesgos de una nueva ley de impunidad para violaciones de los derechos humanos ocurridas durante conflicto armado en el salvador

El Salvador es una República que sufrió un conflicto armado interno en la década de los ochentas, el cual provocó decenas de miles de víctimas asesinadas arbitrariamente, miles de personas desaparecidas forzadamente y torturadas, desplazamientos forzados masivos y otros miles de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo las denominadas “masacres” o exterminios masivos de población civil no combatiente.

Pese a este pasado doloroso, la política predominante durante las últimas dos décadas ha institucionalizado la impunidad más absoluta sobre estos crímenes. Ello, a pesar de que los Acuerdos de Paz crearon una Comisión de la Verdad que reveló la dimensión de las atrocidades y recomendó justicia y reparación para las víctimas sobrevivientes y pese a las obligaciones en esta materia derivadas del Derecho Internacional vigente para El Salvador. Desde 1993 se instauró una amplia y absoluta Ley de Amnistía, contraviniendo así el texto expreso de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que contienen un pacto de superación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el conflicto armado.

Las víctimas sobrevivientes de crímenes atroces acaecidos durante el conflicto armado interno, nunca recibieron reparaciones adecuadas, ni tuvieron acceso a la justicia; por el contrario, fueron estigmatizadas, mientras los perpetradores recibieron a su favor protección, impunidad y negación de la historia. Pequeños pasos en orden a brindar reparaciones se han producido, sin embargo, desde el Poder Ejecutivo en los últimos años.

El 26 de julio de 2016 se produjo un verdadero hito para avanzar en la superación de la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado, cuando la Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró que la Ley de Amnistía vigente era totalmente inconstitucional, expulsándola del ordenamiento jurídico (sentencia de Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013).

La Sala de lo Constitucional ordenó investigar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de aquella época, reivindicó el derecho a la verdad y a la protección judicial de las víctimas y prohibió que se aprobasen nuevas amnistías similares y que se invocara la figura de la prescripción. También ordenó a la Asamblea Legislativa dictar medidas en orden a fortalecer la investigación penal de los casos y facilitar el acceso a toda la información pública sobre los operativos militares en que se produjeron tales hechos. Asimismo, ordenó legislar para establecer un programa integral de reparaciones a las víctimas, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos en este ámbito.

 Lamentablemente, la Asamblea Legislativa incurrió en un total incumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía, lo cual constató la misma Sala de lo Constitucional en dos audiencias de seguimiento, la última de las cuales tuvo lugar el 13 de julio de 2018, poco antes de terminar su período de gestión la mayoría de los magistrados que integraban dicha Sala.

 Pocas horas antes de la última audiencia de seguimiento, sin embargo, la Asamblea Legislativa creó una “Comisión Ad Hoc”, para “estudiar” las implicaciones de la mencionada sentencia para la Asamblea Legislativa y la integró con cinco diputados, cuatro de los cuales fueron actores directos en el conflicto armado (dos ex Jefes militares y un ex Asesor del Estado Mayor de la Fuerza Armada, así como una ex Jefa de la guerrilla). Dos de los integrantes, además, fueron señalados como responsables de encubrir graves violaciones de derechos humanos por la Comisión de la Verdad.

 Desde el inicio, las organizaciones civiles de derechos humanos que acompañamos a las víctimas de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado expresamos nuestra preocupación y dudas sobre el mandato y composición de la mencionada “Comisión Ad Hoc”. Somos 17 organizaciones civiles que integramos la “Mesa contra la Impunidad en El Salvador”, algunas de las cuales solicitamos audiencia a la citada Comisión para conocer su trabajo y expresar nuestra visión desde el interés de las víctimas, pero no fuimos recibidas. Unas pocas organizaciones que fueron convocadas por la Comisión Ad Hoc, únicamente fueron llamadas para proporcionar información accesoria relacionada, pero no para opinar sobre el proceso y la sentencia de inconstitucionalidad; por el contrario, la Comisión Ad Hoc ha promovido la convocatoria a diversos abogados y políticos salvadoreños que, durante años, han sostenido públicamente que debe existir una amnistía absoluta y han justificado la impunidad.

 En julio de 2018, las organizaciones de la Mesa contra Impunidad promovimos una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), contra los cuatro diputados que integran la Comisión Ad Hoc y que fueron protagonistas en el conflicto armado (General Mauricio Vargas, Coronel Antonio Almendarez, Abogado Rodolfo Parker y ex Comandante de la guerrilla Nidia Díaz), por considerar que eran personas beneficiadas directamente por la ley de amnistía ya sin efecto, al igual que sus colegas y ex compañeros de armas, siendo evidente que se producía un conflicto de intereses que les inhabilitaba para esta labor, en violación al mismo Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

 El TEG rechazó la demanda de las organizaciones en noviembre de 2018, ante lo cual la Mesa contra la Impunidad interpuso un recurso de reconsideración que el TEG no ha resuelto. En ese marco, las organizaciones de derechos humanos hemos desconocido la legitimidad de la Comisión Ad Hoc y acudimos a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a la que expusimos por escrito nuestras preocupaciones: a) la Comisión Ad Hoc tiene un mandato incongruente de “estudiar” (no “dar cumplimiento”) a la sentencia de inconstitucionalidad y ha evitado tener mandato para proponer medidas de fortalecimiento de los procesos de justicia y acceso a la información; b) la composición de sus miembros por actores de la guerra revela conflicto de intereses personales para los legisladores que la integran, y c) su proceso de trabajo ha sido excluyente de las víctimas y organizaciones que las representan.

 Por lo anterior, solicitamos a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que modificara la composición de la citada Comisión Ad Hoc, que le definiera un proceso de consulta amplio y plural con las víctimas y organizaciones de derechos humanos y que ampliara su mandato a los términos específicos y claros que estableció la Sala de lo Constitucional. El 22 de enero de 2019, la Junta Directiva rechazó nuestra solicitud, aduciendo que las integrantes de la Comisión eran “connotables parlamentarios” (sic) y que seguirían en esa labor, la cual concluirían en un corto plazo.

 Al contexto anterior de incumplimiento de la sentencia 44-2013/145-2013, debe sumarse la opacidad del trabajo de la Comisión Ad Hoc, que no ha generado ningún debate sobre su agenda de trabajo. Recién con fecha 19 de febrero de este año, dicha Comisión dio a conocer la existencia de “un borrador” de Ley de Reconciliación elaborado por el diputado Rodolfo Parker (responsabilizado en el informe de la Comisión de la Verdad por presuntamente alterar información para encubrir participación de altos jefes militares en el asesinado de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana).

 Es oportuno recordar, asimismo, que la Asamblea Legislativa ha ignorado por más de un año una propuesta de “Ley de Reparación Integral” para las víctimas del conflicto, presentada por diversas organizaciones de derechos humanos, integradas a la alianza denominada “Grupo Gestor” para una ley de reparación.

 Las organizaciones que integramos la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, consideramos que la composición y funcionamiento de la Comisión Ad Hoc no es legítima, contraviene los estándares internacionales de derechos humanos para este tipo de procesos y es excluyente de las víctimas afectadas. Por tanto, estimamos como muy probable que tal Comisión Ad Hoc busca proponer un proyecto que constituya una nueva ley de impunidad, provocando un fraude a lo mandatado en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

 De concretarse esta posibilidad, se podría entorpecer los iniciales pero inéditos esfuerzos de la Fiscalía General de la República para investigar las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el conflicto armado, así como la labor de tribunales que han reabierto diversas causas judiciales, entre ellas la causa para investigar la masacre de casi un millar de civiles en El Mozote y sitios aledaños en 1981, la mayoría niños y niñas, por el Batallón de Infantería Atlacatl.

 Pedimos a la población salvadoreña estar atentos al proceso que sigue la Comisión Ad Hoc, de la cual demandamos transparencia y una redefinición de su composición y mandato; llamamos a la comunidad internacional a rechazar nuevos intentos de consolidar la impunidad histórica en El Salvador.