«Este año no vamos a enflorar»

Juana de Jesús cuenta que los años anteriores habían cumplido la tradición de visitar y enflorar las tumbas en el “Día de los Finados”, pero que esta vez no podrán hacerlo. Desde el lunes 29 de octubre hasta el jueves 1 de noviembre, un equipo forense ha trabajado sin descanso en la exhumación de los restos de sus familiares que fueron asesinados durante la Masacre de San Esteban Catarina y lugares aledaños; conocida popularmente como la masacre de El Calabozo.

Ella sobrevivió porque se separó del grupo que iba en la guinda, llevándose consigo a su hijo pequeño. Regresó a su casa a buscar comida porque el niño no paraba de llorar por el hambre. Estando allí, llegaron dos hombres armados, les rogó que no les hicieran daño y le dejaran cocinar unas verduras para el niño. Aunque le respondieron que era peligroso porque el humo llamaría la atención, permitieron que lo hiciera si les entrega una parte. En algún momento, le mencionaron que algo muy grave había ocurrido cerca del río, que no caminara por allí… y se retiraron.

Días después de la masacre, Fernando -que es hermano de Juana- llegó al mismo sitio donde se realizaron las exhumaciones. Fue a buscar los restos de su familia porque un cuñado, sobreviviente del grupo, le relató que los soldados los encontraron y les dispararon. Él había recibido un impacto cerca de la clavícula, pero resistió la respiración hasta que los soldados se fueron y luego se escondió hasta encontrar ayuda médica. Teniendo en mente esto, Fernando excavó un hoyo lo más profundo que pudo, recolectó los restos que quedaban y los depositó en esa pequeña tumba. Las personas asesinadas eran su madre y su padre, dos hermanas adolescentes, un hermano de once años y su pareja.

Exhumación realizada con el apoyo del Equipo de Antropología forense (EEAF).

Estas son seis de las más de doscientas víctimas, que fueron asesinadas durante el Operativo “Tte. Cnel. Mario Azenón Palma”. Este operativo fue planificado, ordenado y ejecutado por la Fuerza Armada de El Salvador en agosto de 1982. De esta gran cantidad de personas asesinadas, se conservan solo los restos de estas seis, pues la mayoría fueron arrastrados por el río Amatitán.

Registro en periódico del operativo “Tte. Cnel. Mario Azenón Palma” del miércoles 25 de agosto de 1982 en El Diario de Hoy.

Cada sobreviviente, en su momento, logra expresar que siguen aquí para dar testimonio de lo que ocurrió. La mayoría son personas adultas mayores, algunas con enfermedades crónicas o dificultad para movilizarse, pero aún persisten en su demanda de un “juicio justo” y desean conocer la verdad a pesar del dolor.

Para Juana de Jesús es difícil dejar ir los restos de sus seres queridos, pero sabe que es necesario para que avancen las investigaciones del caso. No obstante, sigue firme en su petición a las autoridades: “Deseo que después de los análisis, regresen a su hogar, a su comunidad… y que sean enterrados en el mismo lugar, para que hablen a cada persona que pase por ahí sobre la masacre de El Calabozo”.

La justicia transicional pone al centro a las víctimas de los conflictos armados y las visibilizan como lo que siempre fueron: niñas, niños, personas jóvenes y adultos mayores que sufrieron el horror en carne propia como consecuencia de la decisión de los Altos Mandos, en la lógica irracional de una guerra aniquiladora. Estos procesos desarman los discursos revanchistas, desmienten la ideología deshumanizante a través de la investigación científica y retan a las nuevas generaciones sentir y pensar como seres humanos.

Mientras las diligencias de El Calabozo, El Mozote y otros casos continúan, la Comisión Ad Hoc para el estudio de la Sentencia sobre la ley de Amnistía sondea la posibilidad de una nueva “Ley de Reconciliación”, que insiste en dejar sin consecuencias a los autores de estas masacres. A pesar de estas acciones, la historia nos ha demostrado que cualquier proceso que anule la experiencia de las víctimas y otorgue privilegios a los ofensores deja tras de sí una reconciliación fallida, caracterizada por una posguerra de violencia generalizada.

Por Katherine Arce, integrante del Programa de Litigio Estratégico de Cristosal