Ha sido una semana interesante para estar en El Salvador. Llegué al país por una invitación de Cristosal para ofrecer una perspectiva global sobre la importancia de adoptar una legislación sobre desplazamiento interno. Y aún así las noticias aquí, como en Estados Unidos, hablan de caravanas que viajan a Estados Unidos. Sólo en los últimos días, cientos de personas – en dos caravanas – han salido de San Salvador y la mayoría de las personas piensan que saldrán mas caravanas en el futuro. Las noticias de los Estados Unidos son todas sobre los bélicos tweets del presidente Trump, advirtiendo que los migrantes serán recibidos con las fuerzas militares y obligados a retornar a sus países. Las historias que leo aquí son diferentes – testimonios de padres y madres desesperados, porque sienten que la única manera de proteger a sus hijos es abandonando el país; familias saliendo a pie sabiendo que el viaje será largo.

Mis colegas me cuentan que mucho antes que las caravanas fueran titulares, entre 300-400 salvadoreños y salvadoreñas cruzan la frontera de Guatemala todos los días para un largo viaje al norte. La diferencia ahora es que están saliendo en grupos, porque existe la percepción que es más seguro y barato. Para familias desesperadas que no tienen $10,000 para pagar un coyote, unirse a una caravana tiene mucho sentido, especialmente cuando su vida está en riesgo. Por lo que veo, las causas de migración son muchas – falta de oportunidades económicas, miedo a la violencia de pandillas, el deseo de reunificarse con familiares en Estados Unidos, pero todas estas causas están relacionadas. Las personas no pueden ganarse la vida cuando las pandillas controlan sus vecindarios; el Banco Central de Reserva estima que un 70% de los negocios salvadoreños sufren extorsión. La reunificación familiar, en muchas ocasiones, es un medio para activar redes familiares que brinden protección a sus integrantes más vulnerables.

Me parece increíblemente triste que tantas personas decidan irse ahora – durante una campaña presidencial en El Salvador. Es como si no tuvieran la esperanza que algún candidato vaya a generar los cambios necesarios para que puedan vivir con seguridad y dignidad en su país. Muchos centroamericanos/as sienten que se han agotado los medios pacíficos y democráticos para hacer un cambio y, en lugar de la violencia, deciden escapar. El gobierno de los Estados Unidos solía decir que los cubanos votaban con sus pies, cuando emprendían el peligroso viaje hacia territorio estadounidense. La administración actual no está diciendo eso ahora, pero las personas salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas están, en realidad, votando con sus pies. Están votando sobre las políticas de seguridad de sus gobiernos; mientras las tasas de homicidios están marginalmente reducidas, la percepción sobre la inseguridad y la incapacidad de los ciudadanos de buscar protección del estado para salvaguardar sus vidas y medios de trabajo generan estos éxodos.

Al mismo tiempo, no puedo evitar admirar el coraje de estos salvadoreños y salvadoreñas que están en disposición de asumir los riesgos inherentes a este viaje, en la búsqueda de seguridad y una vida mejor. Después de todo, así es en gran parte como se estableció Estados Unidos; todos en mi país somos descendientes de nativos, refugiados, esclavos o inmigrantes.

Existe una relación entre los migrantes saliendo en caravanas a los Estados Unidos y el desplazamiento interno, asunto por el que vine a trabajar a El Salvador. Como Walter Käilin y yo escribimos previamente, en julio de 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un amparo que pide al gobierno que reconozca el desplazamiento interno y que desarrolle una ley para proteger a las personas desplazadas internas. El amparo otorgó al gobierno un plazo de 6 meses para cumplir estos puntos. Mientras tanto, una propuesta de ley ha sido presentada a la Asamblea Legislativa, mi impresión luego de algunos días de reuniones con el gobierno, organizaciones de sociedad civil, prensa y la academia es que se necesita mucho trabajo previo a la adopción de la ley y solo quedan dos meses del plazo.

A pesar de los registros de cientos de miles de personas que han sido desplazadas por pandillas y violencia generalizada por El Salvador, Honduras y Guatemala, ninguno de estos gobiernos ha adoptado aún una ley de desplazamiento interno. Hasta el momento, Honduras es el único país en la región que reconoce el desplazamiento interno y ha sido nombrada una comisión interinstitucional de desplazamiento, pero aún ninguna ley o política ha sido adoptada.

Reconocer el hecho que las personas son desplazadas por violencia en un país y dar pasos para proteger y asistir a las víctimas es una responsabilidad de los gobiernos. En todos lados los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a su pueblo, incluyendo a las personas desplazadas. Las personas no pierden sus derechos cuando son desplazadas y los gobiernos tienen una responsabilidad con este sector. Ciertamente, en un momento en que un gran número de personas eligen irse de El Salvador, le incumbe al gobierno hacer todo lo posible para garantizar que sus ciudadanos puedan vivir con seguridad y dignidad. La aprobación de una ley que defienda los derechos de las personas desplazadas internas sería un importante paso en este tema.

Dra. Elizabeth Ferris: catedrática investigadora de la Universidad de Georgetown. Ha trabajado en el sector humanitario por más de 20 años, ha dado clases en diferentes universidades de los Estados Unidos. Actualmente es investigadora senior en el Instituto Brookings.

Artículo original: http://blogisim.tumblr.com/post/179637727835/caravans-from-el-salvador-the-tip-of-the-iceberg