«Determinamos que existe la inminente necesidad de una ley que atienda a personas víctimas en riesgo o situación de desplazamiento forzado interno, dicha ley debe estar armonizada con estándares internacionales», dijo Zaira Navas, del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna).
Presentaron un documento de estándares mínimos para una legislación especial.
El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la Comisión Coordinadora y a la titular de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia que en seis meses reconocieran a las víctimas de las violencia y del desplazamiento forzado, diseñaran e implementaran políticas para evitarlo, brindaran medidas de protección a los desplazados y celebraran convenios de cooperación nacional e internacional.
El plazo se venció el 13 de enero de 2019. Esta semana se cumplen tres meses de atraso. Parte de la sentencia:
En el fallo, la Sala declaró que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas por la violencia y la inseguridad, amparó a un grupo de ciudadanos afectados contra tres jefes policiales de Usulután, por la vulneración de sus derechos a la protección y a la seguridad; y contra la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Comisión Coordinadora y la UTE por la vulneración de sus derechos.
La demanda fue presentada por 33 personas de ocho familias del municipio de Ciudad Delgado que eran acosados por la pandilla 18 debido a que dos miembros de la familia que son militares. Ellos interpusieron denuncias en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil sin que los hechos fueran investigados.
En la Comisión de Legislación de la Asamblea, hay tres proyectos: uno del Ministerio de Justicia y Seguridad, otro de la organización Cristosal y un tercero de la UTE. El Ministerio propone ser el ente rector de la ley, Cristosal propone una comisión interinstitucional para la protección de víctimas de violencia y la UTE sugiere un sistema de atención y protección integral a las víctimas.
Enlace de la fuente:
https://elmundo.sv/asamblea-aun-no-aprueba-ley-de-desplazados-por-violencia-como-le-ordeno-la-sala/
El equipo de investigación de Cristosal brinda monitoreo constante a las violaciones en materia de derechos humanos, para brindar información oportuna y certera sobre las causas y efectos de estas sobre las poblaciones vulneradas. Alimentado por datos provenientes de instituciones Estatales, de sociedad civil y de cooperación internacional, sus publicaciones fortalecen la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el Norte de Centroamérica.