Exhumaciones en sitio de Masacre El Calabozo (Comunicado)

El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) “Madelein Lagadec” y Cristosal, informan a la comunidad nacional e internacional, y a los medios de comunicación sobre la realización de diligencias judiciales de exhumación de restos de víctimas asesinadas durante los hechos conocidos como la “Masacre de El Calabozo”.

Los trabajos de exhumación se realizarán en una sola fosa, en la cual se presume se encuentran los restos de una familia asesinada durante la masacre, incluyendo dos niños, cuyos restos fueron sepultados dos semanas después en condición de deterioro, por un familiar sobreviviente que pudo llegar hasta el lugar.

La diligencia se desarrollará en el cantón Amatitanes, del municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, a partir de las nueve horas del día 29 de octubre de 2018. La exhumación solicitada por la acusación particular en representación de las víctimas en 2007, pero ha sido ordenada por el Tribunal al reabrirse el caso ante la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y por sentencia de amparo que ordena investigar la masacre de El Calabozo.

Por orden judicial y bajo coordinación de la Fiscalía General de la República, los trabajos de exhumación serán realizados por una experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y personal del Instituto de Medicina Legal.

Se estima que en la masacre de El Calabozo fueron asesinadas más de doscientas personas civiles, muchas niñas y niños, el 22 de agosto de 1982, por tropas del Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) “Atlacatl”, acompañadas por tropas del BIRI “Ramón Belloso”, del Destacamento Militar N° 2 y la Quinta Brigada de Infantería, en el marco de la Operación denominada “Mario Azenón Palma”.

Son acusados por esta masacre los entonces Ministro de la Defensa, Guillermo García; Jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima; Comandante de BIRI “Belloso” Antonio Méndez; Comandante del DM-2, Sigifredo Ochoa Pérez; y el Comandante de la Brigada de Artillería, Adalberto Landaverde, bajo cargos de asesinato, actos de terrorismo, grandes estragos y otros graves delitos.

Durante el operativo militar mencionado se persiguió a la población civil con fines de exterminio durante muchos días, lo que imposibilitó la inhumación de las víctimas en su gran mayoría. Tras la matanza, públicamente el Alto Mando de la Fuerza Armada se congratuló del “éxito” de las operaciones.

San Salvador, a los 29 días del mes de octubre de 2018.