En 2017, la Gremial de Pescadores denunció ante la Fiscalía de Ambiente de Izabal, el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la municipalidad de El Estor, la Gobernación departamental de Izabal y el Ministerio de Ambiente (gobierno de Jimmy Morales), a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por la contaminación del Lago de Izabal, pues comenzó a afectarles. Al no obtener respuesta, realizaron una manifestación y bloquearon el paso de camiones de la empresa, pero fueron criminalizados, algunos de ellos capturados e incluso una persona asesinada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un desalojo violento contra la población que se manifestaba pacíficamente (Choc, 2018).
