Transcurrido un año desde el inicio del régimen de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, se evidencian serias contradicciones en la intencionalidad de la medida: su carácter permanente carente de legitimidad y ya sin base constitucional y, en particular, su impacto en los derechos humanos de
miles de familias salvadoreñas. En contraposición, con la popularidad de la medida y el discurso oficial de hacer creer que se trata de un remedio necesario para acabar con las pandillas.
Fecha de publicación: 29 de mayo 2023
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