Transcurrido un año desde el inicio del régimen de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, se evidencian serias contradicciones en la intencionalidad de la medida: su carácter permanente carente de legitimidad y ya sin base constitucional y, en particular, su impacto en los derechos humanos de miles de familias salvadoreñas. En contraposición, con la popularidad de la medida y el discurso oficial de hacer creer que se trata de un remedio necesario para acabar con las pandillas.
El equipo de investigación de Cristosal brinda monitoreo constante a las violaciones en materia de derechos humanos, para brindar información oportuna y certera sobre las causas y efectos de estas sobre las poblaciones vulneradas. Alimentado por datos provenientes de instituciones Estatales, de sociedad civil y de cooperación internacional, sus publicaciones fortalecen la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el Norte de Centroamérica.