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Admitir el desplazamiento interno forzado existe significaría admitir la derrota del gobierno. Su negativa a aceptar el problema empeora una situación ya desesperada para las personas desplazadas. Por lo tanto, la posición del gobierno con respecto al desplazamiento interno no es solo floja, sino maliciosa.

En el vacío causado por la inacción del gobierno, muchas víctimas del desplazamiento forzado eligen no utilizar otras redes de apoyo, porque no quieren arriesgarse a empeorar sus situaciones ya precarias. Los datos publicados en el Informe de Cristosal sobre Desplazamiento Forzado en El Salvador en 2017 revelan que el 37.9% de las personas desplazadas registradas por Cristosal y la Fundación Quetzalcoatl en 2017 tenían entre 0 y 17 años de edad. La familia promedio desplazada incluía tres miembros.

Un informe de la Oficina del Ombudsman de los Derechos Humanos en 2017 indicó que al menos el 30% de las familias desplazadas eran madres solteras con hijos. Aunque ambos informes muestran una aparente paridad de género entre las víctimas de este fenómeno, está claro que un buen porcentaje de mujeres desplazadas son el único sostén de dos menores. Por lo tanto, requieren asistencia que considere la necesidad de cuidar a niños y adolescentes.

Cuando se le preguntó al ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, sobre la falta de atención integral a las personas desplazadas en la presentación del informe de Cristosal, respondió sarcásticamente al decir que no se puede esperar que la Policía Nacional Civil (PNC) mezclar fórmula para bebés para personas desplazadas. El comentario es claramente misógino. El Ministro considera degradante que la honorable policía se vea obligada a alimentar a los niños que no pueden proteger. Seguramente, si la PNC asumiera ese rol, lo delegaría a los agentes de menor rango.

El comentario de Ramírez Landaverde es cruel, reflejando su total aversión a la idea de involucrar a la policía en el trabajo de cuidado. Muestra el desdén total del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por las víctimas del desplazamiento forzado. El Ministerio no solo es incapaz de prevenir las condiciones que impulsan el desplazamiento, sino que, una vez que ha ocurrido, se ofende por la necesidad de enfrentarlo.

Alguien que ha abandonado su herencia, comunidad y forma de vida debido a las amenazas de los grupos delictivos, ya enfrenta una situación económica precaria. Cuando también tienen la responsabilidad de cuidar a los niños, el impacto económico y psicológico es mucho mayor.

Si no se puede confiar en que el gobierno enjuicie las amenazas o asesinatos que obligan a las personas a huir, ¿cómo podemos esperar que comprenda la necesidad de proteger y ayudar realmente a las víctimas? ¿Reconocer a estas víctimas como personas que viven un trauma, enfrentan inestabilidad económica, se ven obligadas a abandonar la escuela y pierden su comunidad y herencia? En resumen, ¿cómo podemos hablar de la atención integral a las víctimas del desplazamiento interno por la violencia cuando la idea de la humanidad de las víctimas es risible para los responsables de protegerlas?

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