Trabajando por el acceso a la información y el conocimiento en beneficio de los derechos humanos

Periodistas y acceso a la información

Un punto importante es que el Instituto de Acceso a la Información Pública mantenga como línea de trabajo el principio de máxima publicidad.

Por: Carlos Domínguez

El empeoramiento de las condiciones de inseguridad y de violencia en el país es un fenómeno creciente que afecta a todos los sectores, incluyendo al periodístico, lo que vulnera las garantías del respeto de los derechos de los comunicadores, que han incluido, en algunos casos, desplazamiento forzado por amenazas.

La respuesta oficial no ha sido lo suficientemente contundente y aunque en algunos crímenes contra periodistas (18 desde el fin del conflicto armado) hay condenas, solo se llega a autores materiales y no intelectuales.
Tal actitud es parte de los desafíos claves para la libertad de expresión, identificados para la década que inicio el 2010 por los relatores especiales de Naciones Unidas, OEA, de Libertad de Expresión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Para estas agencias, las agresiones no reciben la atención que merecen y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o —cuando se producen— investigarlas y juzgar a quienes las perpetran.

No se reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales para abordar estas agresiones, que no sólo suponen un ataque contra la víctima, sino que además vulneran el derecho de las demás personas a recibir información e ideas.
La ausencia de medidas de protección para periodistas que han sido desplazados como resultado de estas agresiones. La situación de El Salvador no es misma que afecta a los periodistas en México, Guatemala y Honduras, pero el asunto gira en torno de la necesidad que desde el Estado haya compromisos reales con la promoción, defensa protección, investigación y sanciones contra los agresores de la prensa.

Esa es una faceta. Otra la constituye el compromiso de los medios de comunicación de brindar formas de protección a sus trabajadores; un elemento adicional es el aporte que la sociedad civil puede brindar a la protección de la libertad de expresión.

De igual manera es necesario brindar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio del periodismo y fomentar aquel que ha permitido luchar contra prácticas nocivas parar la democracia, como la corrupción. Un aporte en esa línea seria la promoción del periodismo de investigación, el fomento de contenidos de calidad y formas propias —sin injerencia gubernamental— de estándares éticos.

Sin embargo, no abonan en esa dirección decisiones como la orden a la Sección de Probidad por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia de que no investigue los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios que hayan concluido sus cargos desde hace 10 o más años.

Un punto importante es que el Instituto de Acceso a la Información Pública mantenga como línea de trabajo el principio de máxima publicidad. Sucesos como los viajes del ex fiscal Luis Martínez, el patrimonio de tres expresidentes, el acceso a datos de los archivos del ejercito sobre graves violaciones a derechos humanos y el listado de asesores de diputados (que concluyo en multa a los directivos de esa legislatura), son buenas señales de que algo se ha hecho.

La información permite modificar la forma en que vemos la realidad. Si se toman decisiones basadas en hechos concretos, manejados profesionalmente, sin sesgos, ayudan a cambiar las perspectivas sociales, económicas y políticas. La información en poder de entidades públicas debe ser accesible para todos, sin excepción.
Venimos de una época en que cuando comenzaba a mencionarse la que sería la Ley de Acceso a la Información Pública, hubo voces firmes que decían que la mejor ley es la que no existe. El tiempo y los hechos demostraron lo equivocado de esa afirmación.

Enlace de la fuente:

https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/578420/periodistas-y-acceso-a-la-informacion/

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