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RESUMEN: DERECHOS HUMANOS Y PANDEMIA

a pandemia de COVID-19, originada a finales de 2019 en China, ha cambiado de manera radical la manera en cómo las personas se relacionan con su entorno. También ha puesto en jaque a los gobiernos para poder brindar los servicios de salud necesarios y pertinentes a sus ciudadanos.

Desde el momento que China reportó un brote de casos de neumonía de origen desconocido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (31 de diciembre 2019), hasta que esta instancia declaró la situación como pandemia (11 de marzo 2020) solo transcurrieron dos meses y doce días. Es decir, en este período el virus SARS-CoV-2 logró tener presencia en la mayor parte de países a nivel mundial y los casos positivos iban en aumento. Hasta principios de agosto de este año, el COVID-19 había afectado a 19,462,112 personas y había provocado 722,285 fallecimientos, según datos de la OMS. Un aspecto importante de resaltar es que el director de esta última instancia solicitó a los Estados, en su discurso de anuncio de la pandemia, que no solo se desarrollaran programas de prevención y atención para personas afectadas por el nuevo virus, sino que también se respetaran los derechos humanos de la ciudadanía.

Respecto a esto último, existen diversos instrumentos legales internacionales que brindan el marco jurídico para la protección de las personas ante situaciones que pongan en peligro la nación entera, como es el caso de una emergencia sanitaria. Recursos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios de Siracusa Sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Observación General N° 29: Estados de Emergencia artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Estos instrumentos pretenden guiar a los Estados en las acciones a implementar para poder sobrellevar amenazas de tal manera que se salvaguarde a los ciudadanos de posibles abusos que puedan darse. Un aspecto importante, es que estos instrumentos explican que los Estados pueden suspender derechos a los habitantes en sus territorios, pero nunca los derechos referidos a la vida, a la no tortura, ser objeto de tratos o penas “crueles, inhumanos o degradantes” y a la no esclavitud. También aseguran que las personas no sean discriminadas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.