La información que aparece a continuación corresponde a un estudio de caso de desplazamiento forzado de un colectivo de personas acompañado por Cristosal. El contenido es producto de la recopilación de información a través de entrevistas, grupos focales, talleres y datos de seguimiento registrados por el personal que ha estado a cargo de los casos.
Las imágenes que acompañan el relato han sido tomadas de los talleres realizados con las víctimas que representan los casos acompañados, donde las personas retrataban su realidad durante el proceso de desplazamiento y reubicación.
Desde el año 2018, Cristosal ha atendido y acompañado a grupos de familias en situación de desplazamiento forzado colectivo y reubicación, que se vieron forzados a movilizarse de su zona de residencia por razones de violencia e inseguridad. Los casos en cuestión involucran entre 20 a 60 colectivos que huyeron por delitos cometidos por las pandillas que controlan el territorio.
El desplazamiento interno forzado se refiere a cuando, de forma obligada, las personas dejan temporal o permanentemente su residencia y con ello sus espacios de vida que involucran estudio o trabajo, a sus familias, amistades, rutinas diarias, etc. Esto puede darse en individuos que parten solos, en grupos familiares pequeños e incluso en colectivos de individuos o familias, y puede suceder como reacción a actos criminales o violaciones a derechos humanos que afectan a personas y/o familias completas, o bien, pueden ser efecto del temor a convertirse en víctimas ante la violencia generalizada.
El término de desplazamiento interno forzado colectivo hace referencia a al menos dos grupos de familias residentes en un mismo espacio geográfico, que huyen a otro lugar dentro del país por razones de violencia e inseguridad.
Algunas familias de este colectivo acompañado por Cristosal han logrado reubicarse e iniciar su vida en un lugar de residencia distinto, el riesgo no desaparece y la travesía no termina, pues el desplazamiento forzado implica consecuencias e impactos que se extienden y son difíciles de superar, sobre todo cuando no se obtiene atención del Estado para reivindicar los derechos de las victimas, acompañar su reubicación y brindar oportunidades de superación.