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UCA critica la “baja” de homicidios y el incremento de desaparecidos

Según Tojeira, para que una baja sea auténtica, los homicidios deben reducirse a 10 por cada cien mil habitantes y no como los 51 que podría ser el promedio para El Salvador.

La tasa de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes que pregonan las autoridades de Justicia y Seguridad Pública, no se traduce en un mejor clima de seguridad en El Salvador, afirmó ayer el director Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), José María Tojeira.

El dato todavía muestra “una enorme cantidad de asesinatos” y un indicador que “no hay una auténtica preocupación por proteger el derecho a la vida de parte del gobierno”. Para el jesuita “la baja de homicidios solo es auténtica cuando es de 10 homicidios por cada cien mil habitantes. Y a lo largo del Siglo 20 y 21 no se ha dado ninguna de esas circunstancias”.

El jesuita dijo que el promedio de asesinatos en el Siglo 21 es de 56 por cada cien mil habitantes, lo que hace que se esté dentro de ese elevado promedio.

Tojeira manifestó que las cifras de la violencia ponen de relieve que el Ejecutivo no responde al derecho a la vida de la ciudadanía, “hay una despreocupación y una relativa naturalización con la que se aceptan los atentados contra la vida”.

Entre otros datos sobre la violencia, el informe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, encuentra que los feminicidios se han visto reducidos pero han incrementado las desapariciones tanto de hombres como de mujeres.

Según estadísticas de la Fiscalía General de la República, a noviembre del año pasado, se registraban más de 3,300 casos de desaparecidos en El Salvador.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde y el director de la Policía Nacional Civil han coincidido que de la totalidad de desapariciones solo el 10 por ciento termina en homicidios y sus cadáveres en las tumbas clandestinas en lugares desolados del país.

Entre tanto, médicos forenses del Instituto de Medicina Legal han afirmado en publicaciones anteriores, que 90 por ciento de los desaparecidos, por lo general son hallados asesinados, enterrados en tumbas clandestinas o en barrancos.

Tojeira consideró que las cifras de desaparecidos “igualan bastante entre hombres y mujeres” y como ejemplo citó el caso del asesinato de la agente policial, Carla Ayala en diciembres de 2017, en que el religioso dijo que se hizo parecer como una desaparición como un intento de quienes la mataron. “Eso muestra que las desapariciones pueden tratarse de homicidios lo que preocupa y exige una investigación mayor en las autoridades”.

Desplazamientos forzados

A este problema se suman los desplazamientos forzados que en 2018 sumaron 192 casos atendidos por el IDHUCA. En 81 casos que involucran a unas 281 personas requirió desplazamiento interno, de una colonia a otra, para salvaguardarse de las amenazas de las maras.

Tojeira afirmó que las ejecuciones extrajudiciales han cambiado, ya no se da en grupos, sino de maneras más selectivas pero sin variar el contexto de los enfrentamientos o agresiones ilegítimas de grupos a la autoridad. En esas circunstancias afirmó que en 2018 murieron 125 pandilleros y un policía.

El jesuita reconoció que en este espiral de violencia no solo las pandillas son víctimas, sino también los policías y sus familiares. Varios policías fueron masacrados mientras estaban en su día de descanso.

Además reconoce que las pandillas mantienen control de algunos territorios en el país, donde tienen sometida a la población civil ante la falta de autoridad del Gobierno.

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