Una familia de 33 integrantes fue desalojada por las pandillas en ocho ocasiones en los últimos dos años y no descansaron hasta obligarlos a dejar el país, a principio de 2018, tan solo por haber entre ellos miembros de la Fuerza Armada.
Este es uno de los 675 casos que afecta a niños, adolescentes y jóvenes menores de 17 años que, según estadísticas de la Policía Nacional Civil, han sido víctimas del terror de las pandillas entre enero de 2016 y marzo de 2018, y que la fundación Cristosal ha documentado.
Solo en 2016 fueron desplazados 251 niños y adolescentes, un año después, otros 360 jóvenes. Mientras que en el primer trimestre de 2018, ya contabilizan 64 casos.
El calvario de una de esas familias forzadas a emigrar comenzó en 2016, cuando residía en una colonia de San Salvador, luego de que los delincuentes detectaran que entre ellos habían militares, empezaron a provocarlos y a amenazarlos.
El equipo de investigación de Cristosal brinda monitoreo constante a las violaciones en materia de derechos humanos, para brindar información oportuna y certera sobre las causas y efectos de estas sobre las poblaciones vulneradas. Alimentado por datos provenientes de instituciones Estatales, de sociedad civil y de cooperación internacional, sus publicaciones fortalecen la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el Norte de Centroamérica.