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SAN SALVADOR- La organización de derechos humanos Cristosal publicó su Informe Anual 2017 sobre Desplazamiento Forzado en El Salvador el jueves 26 de abril para llamar la atención sobre el fenómeno y sus víctimas, a quienes se les pasa por alto en las políticas públicas y el diálogo nacional de El Salvador. Los mismos factores que han causado un aumento en las solicitudes salvadoreñas de asilo en los Estados Unidos en los últimos años también han desplazado a cientos de miles de personas dentro del país. Como tal, el fortalecimiento de los sistemas de protección dentro del país puede reducir la migración forzada a los Estados Unidos.

En una movida sin precedentes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, participó en un panel de discusión sobre el tema en el lanzamiento oficial del informe. También se presentaron en el panel la directora de programas de Cristosal, Celia Medrano, y representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Ombudsman de los Derechos Humanos. En la discusión, Landaverde reconoció la violencia como un factor que impulsa el desplazamiento. También reconoció que parte de esa violencia ha sido causada por la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas de El Salvador. Estos reconocimientos demuestran una desviación significativa de la posición previa del gobierno, que era cuestionar la existencia y la escala del desplazamiento forzado.

La publicación del informe también marca un cambio sustancial en la conversación nacional sobre el desplazamiento forzado. Si bien las víctimas desplazadas forzosamente por la violencia tradicionalmente han sido ignoradas o tratadas con recelo, este informe destaca las duras realidades que enfrentan. Sus hallazgos fueron presentados más de 30 veces en periódicos nacionales y programas de radio y televisión.