El 13 de marzo de 2020 fue decretado en Guatemala el estado de calamidad por motivo del COVID-19, modificándose sustantivamente las dinámicas sociales y políticas del país debido al contexto de la emergencia sanitaria y las limitaciones establecidas a los derechos constitucionales. Esta situación ha durado más de ciento veinte días y aunque los escenarios han variado, aún se espera un aumento de la curva de casos por COVID-19 durante los próximos meses, considerando las medidas de reapertura económica decretadas por el Gobierno.
El equipo de investigación de Cristosal brinda monitoreo constante a las violaciones en materia de derechos humanos, para brindar información oportuna y certera sobre las causas y efectos de estas sobre las poblaciones vulneradas. Alimentado por datos provenientes de instituciones Estatales, de sociedad civil y de cooperación internacional, sus publicaciones fortalecen la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el Norte de Centroamérica.