Piden a El Salvador reconocer desplazamiento forzado y favorecer a las víctimas
La directora regional de programas de la organización centroamericana Cristosal, Celia Medrano, pidió este miércoles al Gobierno y al Congreso salvadoreño cumplir un fallo del Supremo que los obliga a reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado y a legislar en favor de las víctimas.
Medrano señaló, en declaraciones a Efe, que ambos órganos de Estado no han cumplido una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en la que les dio de plazo hasta enero pasado para tomar dichas acciones.
«A medida que avanza más el tiempo, lo que hay es un incumplimiento de la sentencia, ya no es el tema de que hay retraso en el cumplimiento del plazo dado», sostuvo la defensora de derechos humanos.
Apuntó que los jueces constitucionales ordenaron al Gobierno en dicha sentencia, emitida en julio de 2018, reconocer oficialmente el fenómeno del desplazamiento forzado generado por la violencia, principalmente de las pandillas.
Entre otras cosas, la Sala de lo Constitucional también mandó al presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, recuperar los territorios controlados por estas estructuras criminales.
La activista apuntó que el Gobierno de Sánchez Cerén tiene la posibilidad, en el tiempo que le queda antes de entregar el poder el 1 de junio próximo, de «no pasar a la historia como un Ejecutivo que dio la espalda permanentemente» a los desplazados.
Por otra parte, señaló que el incumplimiento del Congreso es sobre la orden de crear una ley específica para atender a las «víctimas de la violencia en situación de desplazamiento interno».
Explicó que los diputados poseen tres iniciativas de ley en las que se aborda el fenómeno, incluida una presentada por Cristosal en agosto de 2018.
Medrano instó a los diputados a «agilizar» el proceso de aprobación de esta propuesta, dado que es la única que aborda de manera especifica la problemática del desplazamiento forzado y «cumple estándares mínimos de protección».
La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el año 2018, según una encuesta nacional la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) que fue apoyada por Cristosal.
El estudio señala que el 5,2 por ciento de la población adulta del país tuvo que «cambiar su lugar de vivienda» para protegerse «de una amenaza o hecho de violencia».
Este porcentaje es similar al registrado durante 2017 por un estudio similar de la UCA y superior al 4,9 por ciento computado en 2016.
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