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San Salvador, 12 de marzo de 2017- El 12 de marzo y el 13 de marzo, El Salvador presentará su informe al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para revisar las preocupaciones y recomendaciones formuladas por este comité hace cuatro años y el progreso del país ha hecho desde entonces, con respecto a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual El Salvador es una nación signataria.

Ocho organizaciones de la sociedad civil: la Asociación Pro-Búsqueda, Comcavis Trans, Cristosal, la Fundación Estudio sobre la Aplicación de la Ley (FESPAD), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de la Ley en El Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) prepararon conjuntamente un informe alternativo sobre los principales desafíos y realidades de las graves violaciones de los derechos humanos que persisten en el país .

Durante estos dos días, el gobierno salvadoreño presentará el progreso de los derechos humanos que considera que El Salvador ha realizado en los últimos cuatro años ante el Comité de Derechos Humanos, que está compuesto por expertos en el tema. Las organizaciones de la sociedad civil también tendrán un espacio para presentar los desafíos y las realidades de las graves violaciones de los derechos humanos en el país. El comité revisa los informes escritos y escucha a cada grupo antes de discutir sus conclusiones con el país.

Las organizaciones de la sociedad civil esperan que su informe «oculto» sirva para prevenir, investigar y sancionar casos de ejecuciones extrajudiciales, así como para asegurar la reparación a las víctimas de estos eventos y garantizar su no repetición. Entre 2014 y 2016, la Defensoría del Pueblo (PDDH) registró al menos 44 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), además de 25 casos de intento de ejecución extrajudicial. Estos casos incluyen más de 114 muertes a manos del PNC-FAES.

Como señaló el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias después de visitar El Salvador, la falta de una reacción decisiva ante un posible abuso policial indica una debilidad en el liderazgo y los sistemas de la PNC.

Otro tema importante es el acceso a la justicia, como medio para ayudar a reducir la impunidad relacionada con crímenes de la época de la guerra civil, y para cumplir con la decisión del Tribunal Supremo de que la ley de amnistía de posguerra era inconstitucional. Estas organizaciones consideran de importancia crítica que el FAES otorgue acceso a archivos relevantes a violaciones de derechos humanos de la guerra civil. La Oficina del Procurador General, por su parte, debe desarrollar e implementar una política específica para el enjuiciamiento penal de crímenes de guerra.

El informe también discute la necesidad de establecer medidas legales de protección para la población LGBTI. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la PDDH y organizaciones de la sociedad civil indica que el 52% de las mujeres trans han recibido amenazas de muerte o han sufrido actos de violencia, principalmente debido a la transfobia y extorsión impuestas por las pandillas al trabajo sexual.

El desplazamiento forzado es también una preocupación principal. En 2016, el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia asistió a 699 víctimas, la mayoría de las cuales sufrieron amenazas, el asesinato o intento de asesinato de uno mismo o un familiar, o una lesión causada por pandillas (83,7%), la Policía Nacional Civil o las Fuerzas Armadas (8.1%) o grupos de exterminio (3.2%). En la primera mitad de 2017, 328 víctimas (163 hombres y 168 mujeres) fueron tratadas.

Estas recomendaciones e inquietudes, junto con otros temas relevantes como la migración, el rol de la PDDH y otros, serán divulgados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mientras examina a El Salvador y emite un informe para avanzar en el cumplimiento de las políticas civiles y políticas. derechos.