Población salvadoreña considera que debe reconocerse oficialmente el desplazamiento forzado

La encuesta nacional realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) sobre desplazamiento forzado interno y medidas extraordinarias ofrece resultados esperanzadores, ya que indica una mayor conciencia de la población sobre el respeto de los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado y de la población penitenciaria. La sociedad salvadoreña considera que el Estado debe reconocer oficialmente el desplazamiento forzado y debe emitir una legislación especial.  Con respecto de la población penitenciaria, consideran que las medidas extraordinarias no han sido efectivas para combatir la delincuencia. Para los salvadoreños y salvadoreñas los derechos de las personas privadas de libertad no deben restringirse. Las respuestas brindadas por las personas encuestadas también señalan que existen posibilidades de rehabilitación para estas personas si tuvieran las condiciones adecuadas.

La necesidad de protección a víctimas de violencia generalizada en condición de desplazamiento interno es urgente. A la luz de los datos, durante el 2018, el 5.2% que representan alrededor de 235,708 personas tuvieron que cambiar de residencia por una amenaza o un hecho de violencia. El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional, emitió una sentencia de Amparo que reconoce el desplazamiento forzado interno por causa de violencia en El Salvador y pide al Estado salvadoreño, la creación de una legislación para víctimas de desplazamiento y otra serie de recomendaciones para ser cumplidas en un plazo de 6 meses.

El 92% de las personas encuestadas coinciden que el Estado debe generar una ley de protección a víctimas de desplazamiento. Este es un mensaje dirigido a la Asamblea Legislativa, específicamente a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que tiene una propuesta de ley de desplazamiento pendiente de discusión desde agosto 2018. La no aprobación de esta ley especial de protección implica la continuidad de una práctica que invisibiliza esta problemática y desconoce los derechos humanos de las personas afectadas., Cristosal saluda a los diputados y diputadas que han brindado su apoyo a esta propuesta en la Asamblea Legislativa.

La población salvadoreña también expresó solidaridad hacia las víctimas de desplazamiento forzado causado por violencia, el 51.5% de las personas encuestadas afirmaron que aceptarían en sus colonias o comunidades a personas que huyen de la violencia. Esto tiene relación con la migración por causa de violencia, el 18% aseguró que a las personas que son deportadas deben pedir ayuda al Estado, porque no pueden regresar a sus lugares de vivienda.

Por otro lado, el 75% de la población encuestada consideró que las medidas extraordinarias no contribuyeron a la reducción de la delincuencia lo cual pone en evidencia la necesidad de una política de seguridad más integral. Sin embargo, existe esperanza que, con los programas adecuados las personas en conflicto con la ley pueden rehabilitarse. La encuesta revela, considerando la proporción de los resultados respecto del total de la población, que existen 2.5 millones de salvadoreños y salvadoreñas, que reconocen la necesidad de aplicar y procurar financiamiento a una política de seguridad integral. La mayoría de encuestados consideró que, si alguien ha cometido delitos y está en la cárcel, debe conservar su derecho a recibir visitas, atención médica y formación laboral. Debe rescatarse que, aunque la mayoría de la población encuestada está de acuerdo con aplicar sanciones drásticas, la mayoría esta de acuerdo en que deben respetarse los derechos humanos de todas las personas, incluso quienes están en conflicto con la ley (69.4%).

Ante un Estado que históricamente no ha garantizado los derechos de víctimas de violencia y personas en conflicto con la ley, la opinión pública envía un mensaje solidario y señala que existen graves fallas en las actuales políticas públicas de atención y rehabilitación.

Este es un compromiso que debe asumirse con seriedad desde diferentes áreas: la creación de estrategias transversales de atención a víctimas, hojas de rutas para víctimas de violencia, una asignación presupuestaria adecuada, entre otras. Por lo tanto, para un reconocimiento real de estas problemáticas, la población invita al Estado a tener un cambio de estrategia, asumir nuevos compromisos de protección y establecer como prioridad la atención y protección de las víctimas de violencia.

Consideramos que la población está dispuesta a participar en políticas públicas de seguridad integrales, a través de un proceso de construcción de paz, para garantizar programas de rehabilitación y asistencia a víctimas. Los resultados de esta encuesta pueden dar un giro a la creación de políticas enfocadas prioritariamente en represión y buscar mejores modelos de atención a víctimas.

San Salvador, 9 de enero 2019